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Este artículo analiza el rol de la acción de cumplimiento tras el escenario que supuso el incumplimiento del Gobierno sobre lo pactado en los acuerdos regionales que motivaron la terminación del Paro Nacional Agrario de 2013, mediante los cuales se suscribió el compromiso de suspender mecanismos policivos de decomiso y destrucción de semillas no certificadas, así como de mejorar condiciones para continuar con las prácticas tradicionales de resiembra que a los campesinos les ha garantizado su soberanía alimentaria durante generaciones. El problema jurídico que se busca abordar es de si tal incumplimiento se generó o no en un contexto de inseguridad jurídica para las comunidades campesinas, en su condición de administrados y, si en tal sentido, se presentó una defraudación de su confianza legítima. Se propone que, a través de la legítima confianza y la buena fe como enfoques interpretativos, la acción de cumplimiento sería invocable en esta situación particular. © 2018, Universidad de Caldas. |
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